Los magistrados de la sección tercera de la Audiencia de Barcelona han desestimado de esta manera el recurso de apelación que el jugador brasileño presentó contra el auto de prisión de la jueza instructora que lo envió a la cárcel el pasado 20 de enero, tras lo que ingresó en el centro penitenciario Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).
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En su resolución, la sala dice compartir tanto con la Fiscalía como con la acusación particular que representa a la joven, de 23 años, que persiste un "elevado riesgo de fuga" del jugador debido a su "capacidad económica abultada" lo que le permitiría, esgrimen los magistrados, "abandonar España en cualquier momento".
A este riesgo de fuga se suman, dice el auto, otros dos factores: la elevada pena que podría serle impuesta y los "diversos" y "severos indicios de criminalidad" que hay contra el jugador brasileño en esta fase de instrucción del proceso judicial, que se halla ya en fase muy avanzada, según constata el auto.
Unos indicios incriminatorios, sostiene el tribunal, que no solo proceden de la declaración de la víctima, sino también de otros testigos, de las pruebas médico-forenses y de las científicas, entre otros.
Los magistrados recuerdan, así, que precisamente uno de los objetivos de la prisión provisional es la de asegurar la presencia de un investigado en el juicio.
Por ello, la sección tercera de la Audiencia de Barcelona rechaza las medidas alternativas menos gravosas a la cárcel que había propuesto la defensa del jugador, ejercida por el penalista Cristóbal Martell, como una fianza, retirada del pasaporte, llevar una pulsera telemática o presentarse en los juzgados cuando fuera requerido, medidas que habían rechazado también el ministerio fiscal y la acusación particular al considerar que no evitaban el riesgo de fuga.
"Descartamos que las medidas alternativas a la prisión provisional que propone la defensa sean suficientes para neutralizar el riesgo de fuga que hemos calificado como elevado", razona en este sentido la Audiencia de Barcelona.
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De esta manera, la sala sostiene que la imposición de una fianza, por cuantiosa que fuera, no supone una "vinculación" de Alves a este proceso judicial, ya que dispone de un "abultado patrimonio" y que, además, la retirada del pasaporte tampoco constituye "garantía suficiente".
Ello implica, dice la sala en su auto, mantener la prisión provisional durante un "lapso temporal razonable", sin alcanzar "los máximos legalmente previstos", por lo que está "justificada" la medida cautelar de prisión preventiva comunicada y sin fianza decretada el pasado 20 de enero por la titular del juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona, que instruye la causa contra Dani Alves.
